La caza del alcalde EL PAIS ANDALUCIA

Por aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, se encuentran hoy imputados el 30% de los alcaldes de la provincia de Málaga. Sobre ellos ha caído una lluvia inmisericorde de improperios en los comentarios de las ediciones periodísticas digitales. Estos cibernautas ejemplares han encontrado en la caza del alcalde el desfogue de ese encarnizamiento tan español que habíamos conseguido concretar en los pobres picadores y árbitros de fútbol. Repugna comprobar que, después de tantos años de más progreso que cultura, siga existiendo un arquetipo de español que sale a la calle con una piedra en el bolsillo por si hay que lapidar a alguien. En el espacio de los flujos la pedrada anónima se lanza hoy desde la teclita de un ordenador que dice ENTER.
La ventaja de los clichés está en que nos evitan la funesta manía de pensar, y el de la ecuación: “déficit presupuestario municipal =financiación por urbanismo=corrupción de los alcaldes”, es demasiado tentador como para tomarse la molestia en buscarle matices exculpatorios. Todos a la cárcel y caso cerrado. Pero el que hayamos encontrado ediles con el fruto de sus trapacerías dentro de un colchón no nos exime de gritar la enorme injusticia de esta caza de brujas que amenaza con laminar toda una generación de alcaldes, en su mayoría jóvenes militantes, que han cometido el pecado de desempeñar ese cargo de nuestra democracia que mantiene el más estrecho vínculo de responsabilidad con el ciudadano, frente a los emboscados de matute en una lista cerrada. Los talibanes de piedra en el bolsillo deberían pasarse un día, ¡sólo un día!, junto a cualquiera de esos alcaldes que quieren lapidar. Verían cómo tienen el sentido político de quienes aúnan la teoría y el compromiso con lo real, porque conocen a todos y cada uno de los vecinos del pueblo y deben responder directamente ante sus problemas e inquietudes; alcaldes que tienen una desarrollada conciencia de los valores patrimoniales de sus municipios; alcaldes enfrentados a un marco legislativo que pone más énfasis en deplorar la postración de la Andalucía rural que en encontrar válvulas de salida para su desarrollo económico; alcaldes que tienen dos guardias municipales para controlar un territorio de más de cien kilómetros cuadrados; alcaldes que ven aterrorizados cómo la apisonadora del código penal puede pasar tan ciega e indistintamente sobre una irregularidad urbanística que sobre una ominosa prevaricación.
Que el campo se haya llenado de miles de casas ilegales no es una catástrofe producida de la noche a la mañana. Pero como una asignatura que curso tras curso fuera suspendida por todos los alumnos, algo ha fallado en una Ley que en sus más de siete años de vigencia no ha logrado impedirlo. Es sano reconocer que lo que suele fallar en estos casos es la asignatura y no el alumno: la Ley, y no la simple lenidad de los alcaldes. Hace mucho tiempo, desde el socialismo utópico del XIX y las teorías de la Ciudad Jardín, que el urbanismo burocrático arrinconó los objetivos de ensamblar el campo con la ciudad, para sancionar la drástica y definitiva separación entre ambos, como dos conceptos refractarios y contradictorios: el “logos” de lo urbano frente al “pathos” de un mundo agrícola y tradicional maltratado por políticas residuales e ininteligibles, un mundo sin voz confinado, en el mejor de los casos, a la condescendiente servidumbre de “lo típico”, arcadia de consumo para urbanitas de capital, nacionales o extranjeros. No, el mundo rural no puede seguir siendo considerado hoy como el negativo de lo urbano: al contrario, en estos momentos de crisis puede ser un venero de oportunidades si se aborda en positivo, buscando imaginativamente su propio papel en el contexto de un territorio globalizado del cual forma parte indisoluble: una visión "activa" del mundo rural y no pasiva o prohibicionista, que solo consigue hacerlo estallar por las costuras de la marginalidad.
Naturalmente que la desproporción entre una realidad desbordante y una norma esclerotizada da lugar a corrupciones de Ley Seca, en un río revuelto en el que pagan justos y pecadores. Pero son muchos los alcaldes cuya infatigable y honesta dedicación a sus funciones aportan todo su sentido y grandeza al concepto del servicio público. El que algunos de ellos puedan verse hoy o mañana a los pies de los caballos nos hace pensar en un maquiavélico plan urdido para que al cargo se presenten sólo los más tontos de cada casa. ¿Es eso lo que se buscaba, o es que los partidos políticos responden a ese misterioso designio por el que se suicidan las ballenas?